Más de un observador cree haber atisbado en el Gobierno cierto cambio de estrategia frente a la crisis. Habrían pasado de empeñarse en pronosticar buenas noticias a pintar un horizonte más negativo, de modo que los datos reales no resulten ser peores de los que anticipan, sino que luzcan mejor de lo anticipado. Pensándolo bien, parece que es verdad. Otra cosa es que sirva para algo, sobre todo si el propósito es neutralizar la sensación dominante de que, desde que empezó la crisis, aparte de negarla durante meses, casi todo lo hecho ha llegado tarde y, en muchos casos, mal.
Dependiendo del grado de catastrofismo que impregna cada análisis, varía la consideración de si esta crisis es igual, menos grave o peor que la vivida a partir de 1929, pero hay coincidencia en que la turbulencia es seria, profunda y, lo que es más inquietante, repleta de incógnitas: causas, efectos, intensidad, duración... incluso se multiplican las dudas sobre qué quedará después, aunque la mayoría coincide en vaticinar que buena parte de lo vivido no volverá: muchas cosas no serán igual. De modo que, en lógica coherencia, crece el ansia de acometer reformas, sea de parte de quienes las propugnan y también del resto, que simplemente las espera. Y es que a estas alturas domina la convicción de que no se saldrá de ésta si quienes ocupan responsabilidades dirigentes, sea en el Gobierno, los partidos, las empresas, los sindicatos y demás persisten empeñados en que no cambie nada sustancial.
Es verdad que no hay respuesta unánime a preguntas esenciales: ¿qué reformas?, ¿con qué prioridades?, ¿en qué sentido?, ¿bajo qué presupuestos ideológicos, conceptuales, técnicos o pragmáticos? Seguramente podrían añadirse algunas más, pero lo cierto es que mientras muchas de ellas ni siquiera alcanzan estadio de debate pasa el tiempo y, como es natural, la gente mira al Gobierno y se formula otra doble pregunta: ¿a qué esperan?, ¿para qué están?
Más que una lista de lo que hay que hacer, el Ejecutivo evoluciona enrocado en una especie de decálogo con asuntos que no está dispuesto a abordar. Y lo poco que muestra voluntad de acometer discurre con una lentitud exasperante, como dando a entender que no hay prisa o, aún peor, que todo se arreglará. No puede por menos que sonar al recurrente latiguillo de las series estadounidenses en los momentos de mayor tensión dramática: sólo que allí hay un guionista para convertirlo en cierto y aquí no se adivina que haya siquiera director imbuido de una trama que desarrollar.
Los largos meses asegurando que no iba a pasar nada grave fueron un clamoroso fracaso en el ejercicio de una de las principales obligaciones de todo Gobierno: generar confianza en la sociedad. Si, como parece, ahora ha decidido hacer lo contrario, es inevitable que más de uno lo perciba como un intento infantil de recuperar credibilidad y otros sigan creyendo que no da una. No es fácil saber qué conclusión es peor.