Quién reorganiza el sector financiero

Hay un riesgo cierto de que la tan cacareada reordenación del sector bancario español acabe convirtiendo a uno de los sectores más eficientes de la economía española en un auténtico galimatías. Y cuando esto sucede con las cosas del dinero, que es una de las dos materias primas importantes que manejan los bancos (la otra es la confianza), el asunto empieza a preocupar.

No está claro quienes van a ser o están siendo los responsables de los amagos de fusión que se están produciendo en el sector ni quienes serán los que finalmente darán su visto bueno a las operaciones, algunas de las cuales ya han sido echadas para atrás por la sencilla razón de que no cumplían con los deseos de autoridades regionales.

En concreto, eso ha sucedido en Andalucía con la Caja de Murcia, un invasor no deseado ni invitado, que estudió con interés la posible compra de CajaSur, la caja de los curas, a la que las autoridades andaluzas tienen en el punto de mira por muy diversos motivos. CajaSur es una de las cajas más en precario, con una tasa de morosidad de casi el 8% y una cobertura de menos del 50%, un caso de auténtica insolvencia potencial y, en todo caso, con necesidad urgente de dos cosas: dinero y gestión. El dinero puede aportarlo el nuevo Fondo que está organizando el Gobierno para poner orden en el sector. La gestión bien podría haberla aportado Caja Murcia, una de las más rentables, saneadas y mejor gestionadas de España. Pero estar en Murcia no es lo mismo que estar en Andalucía, de modo que la fusión ha encontrado importantes obstáculos, de momento insalvables. Quiere esto decir que uno de los protagonistas o actores indiscutidos y con poder real a la hora de influir en la reestructuración del sector financiero es el poder regional, las Comunidades Autónomas.

Lo preocupante es que el caso andaluz-murciano no es una excepción. Hoy por hoy, las fusiones de las que se está hablando (al menos tres con visos de llegar a puerto) están dentro del ámbito de dos Autonomías, la catalana, en donde hay dos operaciones en marcha, y la castellana, en donde hay por lo menos otra. Es de suponer que en Andalucía el caso de CajaSur encuentre, aunque sea con un compañero de viaje de la tierra, pronta solución. Hay otra fusión de toda la vida, la de las tres cajas vascas, de momento empantanada -cómo no y para no variar- por cuestiones políticas. Es de suponer que el cambio de aires en el Gobierno de Vitoria aporte también nuevas expectativas para la creación de la caja vasca, aunque en este caso (a diferencia de casi todos los demás) la fusión no es una fórmula encubierta de llevar a cabo un saneamiento de alguna entidad con mala gestión. En este caso se trata en exclusiva de un obstáculo político, ya que la fusión exige el acuerdo de, al menos, los tres grandes partidos políticos vascos.

Este martes, el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que debería ser en teoría el principal responsable de la reordenación del sector, ha declarado, quizás con más retórica que aprecio a la realidad, que el Banco de España tiene las "manos libres" para llevar a cabo la reordenación del sector. Quizás sea más un deseo que una expectativa cierta. En la práctica, las fusiones de las cajas de ahorros están, al menos en esta primera fase, en plena gestación política, bajo la férrea disciplina territorial de las autoridades autonómicas, lo que de entrada supone renunciar a algo que las cajas han buscado con ahínco en los últimos años, el crecimiento mediante la diversificación geográfica, de forma que los ámbitos de actuación no se restringieran a una autonomía, lo que era quizás una fórmula de escapar a las leyes autonómicas que regulaban la distribución del poder en los órganos de dirección de las cajas.

Como este objetivo de escapar a la férrea disciplina autonómica no lo han logrado, ahora nos encontramos con un inesperado (e inexperto) interlocutor a la hora de diseñar el mapa financiero futuro del país, con el riesgo de montar un reino de taifas, de espaldas a toda realidad financiera y económica y, quizás, con el agravante de que todo ello se va a llevar a cabo con dinero de todos los españoles, no sólo los de las autonomías que pretenden tomar las decisiones.