En mal momento se le ha ocurrido al Instituto de Estudios Fiscales, del Ministerio de Hacienda, sacar a la luz las conclusiones de un informe en el que se detallan las opiniones de los españoles sobre la fiscalidad. Malo porque para casi nadie es un secreto que de cara al año 2010, a los españoles nos espera un buen chaparrón fiscal, o sea, impuestos más altos, retenciones más elevadas y posiblemente reforzamiento (es de esperar) de los instrumentos que permiten aflorar y sancionar el fraude cometido por los contribuyentes poco solidarios. El Gobierno no saca el aprobado en ninguna de las asignaturas en las que se somete a juicio la calidad de la gestión de los servicios públicos, justificación principal de los impuestos.
La resultante de la encuesta, cuando se les pregunta a los afectados, es que los impuestos no le gustan a casi nadie, que el Estado recauda sólo en donde puede, que la evasión es alta, que las contraprestaciones (es decir, los servicios) recibidas por los contribuyentes son por lo general inferiores al coste que se paga por ellas y que los impuestos no cumplen con esa idílica función que algunos ingenuos todavía piensan que deben cumplir, la de redistribuir la renta. Las conclusiones no se agotan en estos puntos. Hay más, alguna de ellas cogida especialmente para la ocasión, esa que dice que un no muy elevado porcentaje de contribuyentes (por fortuna, sólo un 10%) considera justificable engañar a Hacienda si con ello se consigue salir adelante y sortear los problemas del momento. Porcentaje realmente bajo, dadas las circunstancias, que podrían dar pie a un estado de ánimo algo más extendido.
Otro porcentaje llamativo es el que señala que un 83% de los españoles considera inapropiado subir los impuestos para hacer frente a la crisis económica. Es, en todo caso, una forma de decir que las medidas adoptadas por el Gobierno en el último año para evitar entrar en la crisis económica, y a las cuales se les han asignado masivas inyecciones de dinero público, han servido realmente para poco. Ello a pesar de que España va a cerrar el año 2009 con uno de los déficits públicos más abultados de la Unión Europea, lo que ha motivado una seria advertencia de Bruselas para que el Gobierno reconduzca cuanto antes el déficit a la zona del 3% del PIB, frente al previsible 10% con que cerraremos este año, por lo menos.
De todas las conclusiones del informe, no es menos llamativa la que señala que un 47% de los ciudadanos considera que los servicios que reciben los contribuyentes no están a la altura de lo que se paga por ellos, lo que constituye un notable torpedo en la línea de flotación de la justificación del pago de impuestos. Hay una curiosa salvedad, la que afecta a la Sanidad, en donde el grado de satisfacción es, aunque pequeño (un 24%) el que recibe las más altas calificaciones. Los demás servicios públicos están casi por los suelos, reflejando un amplio grado de insatisfacción y precariedad que debería ser tema de reflexión para las autoridades autonómicas y locales, ahora que cuentan con la mayor parte de los recursos públicos a su disposición.
Con estos planteamientos en el ánimo de los españoles, la tarea que afronta el Gobierno de cara al mes de septiembre próximo, mes en el que se han de presentar los Presupuestos del Estado para 2010 y por lo tanto en el que deberán anunciarse las modificaciones de la fiscalidad que nos esperan, no es cómoda. El primer anticipo ya lo hemos tenido antes de las vacaciones con la subida de la fiscalidad de la gasolina y otros productos con impuestos especiales.
Pero el grueso de las modificaciones es el que está por llegar, quizás con un retoque apreciable en el IVA (uno de los más bajos de Europa y que ahora, con baja inflación, podría dar más margen de actuación a las autoridades) y sobre todo en algunos impuestos directos que salven la cara al espíritu progresista del que tendrá que alardear el Gobierno socialista para hacer más digerible el asalto fiscal de cara a su clientela política y sin perder muchos votos de los graneros de la clase media, que es ciertamente la que paga la inmensa mayoría de los impuestos y la que cuenta con menores mecanismos de evasión y de elusión fiscal. A nadie le gusta pagar más impuestos, pero afrontar esta impopularidad es tarea a la que tendrá que enfrentarse el Gobierno en los próximos meses. Y lo va a hacer en un país ampliamente escéptico en cuanto a la utilidad de los impuestos, su justificación social y la extendida sensación de que el dinero público no se gestiona correctamente.
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