Diálogo social y distracciones

Celebremos el optimismo con que se anuncia el retorno al "diálogo social" con el escepticismo que el asunto merece. Los sindicatos, para reanudarlo, piden previamente un acuerdo sobre la negociación colectiva, un asunto que no es menor y que pone sobre la mesa, tras una larga trayectoria de inmovilismo ineficaz, el debate acerca de su ámbito (centralizado, autonómico o provincial, sectorial) y el sistema por el que algunas empresas o grupos de ellas pueden despegarse de los compromisos generales por su situación o los efectos de la crisis. Ampliar el foco más allá de la situación concreta de una empresa puede aportar a los trabajadores una capacidad que en su lugar de trabajo no tienen, pero aumenta también un poder sindical burocratizado que en muchas ocasiones no responde a las necesidades concretas de un centro de trabajo. Y, de todos modos, las fórmulas generales no resuelven el problema particular de competitividad, productividad y expectativas de cada empresa.

Si lo resuelven, si llegan a un mínimo acuerdo, y se plantean en ese diálogo -que hasta el momento ha sido inexistente con el agravante de la defensa de parte que ha hecho el Gobierno-, sindicatos y patronos (que no siempre es lo mismo que trabajadores y empresarios) se enfrentarán a graves problemas que, incluso en momentos de bonanza, no han sabido solucionar adecuadamente. Para la antología de la retórica está el acuerdo del 2006 con el que se iba a luchar eficientemente contra la precariedad laboral. Ya vemos los resultados, antes y durante la crisis. Los contratos laborales disponibles no dan resultado. La destrucción de empleo es pasmosa. Si se menta la tan europea "flexi-seguridad" a los sindicatos les entra la risa floja, quizá porque aún no hemos asimilado que una cosa es la permanencia en el empleo (indefinida, de por vida, como se quiere) y otra, alejada de la utopía, la permanencia en el mercado laboral con la movilidad y la necesidad de formación que el mundo moderno exige. Añádase un caos, entre burocrático y estrafalariamente repartido en todas las administraciones, sobre la intermediación en el mercado laboral y las políticas activas de empleo e iremos dibujando mejor el tremendo panorama.

El Gobierno se ha escudado, además de tomar parte en el debate teórico, en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronos para no hacer nada. Pero la necesidad de las reformas es una exigencia política de la que no puede zafarse por la discusión entre unos y otros o por el tono de la misma. Tiene el Gobierno un amplísimo catálogo de sugerencias y una no menor lista de problemas casi eternos a los que, con acuerdo social o sin él, debe enfrentarse. Y ya parece que quiere salirse por la tangente con la sugerencia de que el primer tema en la mesa debe ser el "contrato alemán", es decir, la posibilidad de reducir jornadas con un reparto de su coste entre las empresas y, en una proporción sensiblemente mayor, el Estado. El anuncio llega tarde y mal. La destrucción de empleo ya se ha producido aquí, en proporciones comparativamente tan enormes como la burbuja en la que vivíamos. Además, en Alemania ha servido para trabajos especializados a la espera de una recuperación que por el momento no llega y su carácter temporal, como no podría de ser de otro modo, amenaza tempestades a corto plazo una vez pasadas las elecciones en la República Federal. El coste de este modo de disimular paro (y no perder unos trabajadores cualificados) cuenta también a la hora de salir adecuadamente de la crisis. Sin negar sus virtudes en momentos que se anunciaban dramáticos, nadie puede pensar seriamente -quizá sí el ministro de Trabajo- que ése debe ser el primer tema en una mesa que, una y otra vez, se resiste a enfrentarse seriamente al problema que trata de resolver. Sólo distraería de lo fundamental si no hubiera un 18% de paro.