El ejecutivo comunitario reiteró este miércoles que estos instrumentos no son culpables de la actual crisis financiera, aunque admitió que pueden haber contribuido al desorden, y destacó el consenso internacional sobre la necesidad de regular más estrictamente el sector.
El texto propuesto por Bruselas -que ahora debe ser debatido por los Veintisiete y en el Parlamento Europeo, un proceso que será largo, dadas las diferencias de enfoque-, plantea imponer nuevas exigencias sólo a los fondos cuya cartera de activos supere los 100 millones de euros (500 millones si no recurren al endeudamiento).
Para poder operar en la UE, los gestores de esos fondos tendrán que recibir una autorización del supervisor del Estado miembro donde estén domicializados.
Según los cálculos de Bruselas, los umbrales fijados en la directiva cubren al 30% de los gestores de hedge funds presentes en la UE y al 90% de los activos.
Además, deberán ofrecer información detallada sobre su proyecto y estrategia de inversión, así como sobre la estructura del fondo, la gestión de riesgos, la valoración de los activos y los mecanismos de auditoría.
También deberán notificar de manera regular al supervisor los mercados e instrumentos con los que operen, sus resultados y concentración de riesgo.
Bruselas deja claro que el acceso a este tipo de fondos debe seguir limitado a inversores profesionales, dada su complejidad y los riesgos asociados a la inversión.
En cuanto a los fondos domiciliados fuera de la UE, la idea de la Comisión es crear un "pasaporte europeo" para aquellos que cumplan una serie de requisitos estrictos, también en materia fiscal.
Bruselas propone, no obstante, dar un periodo transitorio adicional de tres años para la entrada en vigor de esas disposiciones y que hasta entonces puedan seguir comercializándose en los países de la UE que ahora lo permiten.
La propuesta de la Comisión fue recibida con críticas por la industria, que consideró que no responde a los problemas detectados durante la crisis y advirtió de que puede ocasionar miles de despidos.
En un comunicado, La Asociación de gestores de inversión alternativa (AMIA, en sus siglas en inglés) lamentó que el texto se haya elaborado sin consultarles y vaticinó una estampida de fondos desde Europa a otros territorios si finalmente entra en vigor.
En cuanto a la remuneración de los directivos, las propuestas hechas públicas este miércoles por Bruselas no tienen carácter legislativo, aunque la Comisión confía en que los países las aplicarán.
El ejecutivo de la UE quiere poner freno a la cultura de "coge el dinero y corre" -en palabras de McCreevy-, que ha imperado en los últimos años, sobre todo en el sector financiero.
Con ese objetivo, plantea limitar a un máximo de dos años de salario las indemnizaciones por cese y prohibir la percepción de esas compensaciones en caso de mala gestión.
Bruselas también aboga por vincular la parte variable de la remuneración a la consecución de objetivos a largo plazo, así como diferir el pago de parte de los bonus y establecer un plazo obligatorio (mínimo de tres años) para la ejecución de las acciones y las opciones sobre acciones.
La Comisión anunció, por último, que en junio propondrá modificar la directiva sobre requisitos de capital de los bancos para permitir a los supervisores sancionar a aquellas entidades que apliquen una política salarial que no sea prudente.
