La norma aprobada definitivamente plantea la rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra, del 16 al 7%, y del 7 al 4% en el caso de las viviendas de protección. Además, la rehabilitación se convertirá en una de las actividades de las SOCIMI y se le aplicará un tipo reducido del 7% en lugar del 16% en el IVA que soportan.
También se mejora el régimen fiscal de las rentas que obtengan las SOCIMI del arrendamiento de viviendas, para los casos en que éstas supongan como mínimo el 50% de sus activos, dejando exento el 20% de estas rentas. Además, se amplía del 15% al 20% el porcentaje de inversión que podrán destinar a actividades accesorias y se reduce del 85 al 80% el porcentaje obligatorio de inversión en inmuebles y activos equivalentes.
Por otro lado, se eleva del 60 al 70% el porcentaje de financiación ajena para permitir un mayor grado de endeudamiento a las SOCIMI y se permitirá aplicar el régimen fiscal de estas sociedades a entidades que estén realizando las operaciones necesarias para adaptarse a los requisitos exigidos, a condición de que los cumpla en el plazo de dos años. Por último, se posibilita la transformación de estas entidades en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y viceversa.
El Grupo Socialista había confirmado por la mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados que votará contra una enmienda de CiU introducida por el Senado a la ley de las SOCIMI que derogaba el artículo del reciente decreto ley 6/2009 en el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables. Aunque ayer lo avanzó el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, los socialistas en el Congreso no habían hecho explícita aún su postura sobre una enmienda que pactaron con CiU hace una semana y cuya redacción final, según la federación, supone una "maldad letal para el sector" sólo achacable a la intervención del PSOE.
La portavoz adjunta de Economía del PSOE, Montserrat Colldeforns, insistió en "no perder de vista" el objetivo de la nueva norma, a cuya explicación dedicó buena parte de su intervención, para concluir que supone un "nuevo cumplimiento" del Gobierno del PSOE que apostará por el empleo y una "rebaja selectiva" de impuestos para el alquiler.
Aun así, al entrar en la materia central del debate, insistió en defender que la enmienda que se aprobó en el Senado, firmada por todos los grupos excepto el Partido Popular, trataba de dar réplica a los retos que la crisis ha provocado en el sector energético, en un marco de lucha contra el cambio climático, evitando una "burbuja financiera" en el sector energético.
Sin embargo, finalmente admitió que el PSOE se opondrá a la enmienda porque, según sus palabras, esta cuestión "hay que pensarla un poco más. No queremos que no cambien las cosas, queremos que cambien a mejor", insistió la diputada socialista, quien defendió que las energías renovables "son una de las fortalezas" de la economía española y por "primera vez en la historia" nuestro país puede estar en la "avanzadilla" de la revolución que suponen las energías renovables.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, insistió en que la enmienda de CiU fue "contaminada" por el PSOE a través de una transacción y es esta "maldad" introducida en el texto final el que "resultó letal" para el sector. "Tardamos veinticuatro horas en descubrirlo", aseguró el dirigente nacionalista, quien pidió disculpas "públicamente" al sector por la "ansiedad e incertidumbre" provocada por el equívoco.
"Para eso está el Congreso: para corregir lo mal que lo ha hecho el Senado", arguyó Sánchez Llibre, quien señaló que este incidente debe "servir de lección" para tramitar en el futuro cualquier reforma legislativa que afecte al sector energético.
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Fátima Báñez, defendió que la ley de las SOCIMI es un buen camino para mejorar la situación del sector, si bien las enmiendas del Senado suponen una "perversión" de este objetivo inicial con impacto en el sector energético, dando un vuelco a la regulación creada en abril y crear una nueva tasa de servicio de residuos nucleares.
"Esto confirma que el Gobierno tampoco tiene política energética y poniendo en riesgo más de 10.000 millones de inversión y 300.000 empleos", denunció Báñez, quien aseguró que la enmienda supone el tercer cambio en la regulación en menos de un año, por lo que "alguien debería plantearse una dimisión" en el Ministerio de Industria por esta enmienda. "Si quieren un Pacto de Estado en Energía con el PP, voten no", remachó.
Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, criticó que esta ley se ha convertido en una "ley de acompañamiento al uso" y el Senado en una institución que "de tapadillo" sirve a algunos para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con la ley que se está discutiendo. "La ciudadanía no se merece esta técnica legislativa", advirtió.
Dicho esto, el diputado ecosocialista también arremetió contra la enmienda que suprime el preregistro, que achacó a una "metedura de pata" de CiU para resolver las "invasiones competenciales", si bien el "problema gordo" radica en que el PSOE pactó con la federación nacionalista un texto que deja colgados de la broca a miles de inversores y trabajadores en el sector termosolar. "Así no se puede funcionar ni continuar", aseguró.
Sobre esta cuestión, Sánchez Llibre recordó a Herrera que "curiosamente" fue también apoyada por los ecosocialistas de ICV, a los que acusó de "paralizar" y "torpedear" los proyectos de energía renovables en Cataluña desde la Generalitat. "Que cada palo aguante su vela", señaló.
La enmienda también deroga dos disposiciones transitorias del 6/2009, la cuarta y la quinta, ambas relacionadas con el registro de preasignación, y modifica los artículos 17.c y 22 del real decreto 661/2007, que regula la actividad de producción en el régimen especial.
Estas dos últimas modificaciones incorporan la potestad de "los órganos competentes correspondientes" para registrar instalaciones de régimen especial. Estos órganos son los que deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente de Industria, las nuevas inscripciones, sin que sea el Gobierno central el encargado de inscribirlas.
