Los diez primeros contratos de la primera fase del denominado plan renove de autovías están adjudicados desde el 2007, pero no se han podido ejecutar por las dificultades que, ante la crisis, encontraron las empresas adjudicatarias para cerrar la financiación de las obras.
La solución a este problema, diseñada por Fomento en colaboración con el sector, y que actualmente se ultima, pasa por conceder créditos participativos a las empresas que se hicieron con los contratos, entre las que destacan los seis grandes grupos cotizados, según indicaron las mismas fuentes.
Estos préstamos, contemplados en la Ley de Concesiones, encajan en las cuentas tanto del Estado como de las empresas. Por un lado, no computan como déficit, dado que se otorgan con fondos procedentes de la actividad patrimonial del Estado. Por el otro, presentan especiales condiciones en cuanto a plazos de amortización. Cuentan con un periodo de carencia que permitirá a las constructoras comenzar a devolverlos al Estado una vez que hayan concluido los trabajos de mejora de las autovías y ya obtengan rendimientos por su explotación.
Desatascar la ejecución de este plan constituye una de las prioridades del ministro de Fomento, José Blanco, desde que accedió al cargo en abril, habida cuenta de la contribución de las obras de mantenimiento a la evolución del sector de la construcción, a la generación de empleo y, en último término, a la seguridad vial.
La solución para la ejecución de los contratos ya adjudicados se completará con la próxima licitación de otros dos tramos del plan, correspondientes a las autovías A-3 y A-4, respectivamente. Suman 137 kilómetros y una inversión de 510 millones.
El plan renove de autovías, que se acometerá en dos fases, persigue la modernización y el mantenimiento de un total 2.131 kilómetros de las autovías de primera generación.
Cuenta con un presupuesto global de 6.344 millones y se financiará mediante "peaje en sombra". En virtud de este sistema, las constructoras costean las obras de mejora y posteriormente recuperan la inversión realizada mediante el cobro a la Administración de un canon en función del número de usuarios de la vía que, de esta forma, queda libre de peaje para los usuarios.
