El Consejo de Ministros ha aprobado la remodelación de los Departamentos de Asuntos Exteriores y de Industria, junto a la reforma del Registro Civil y un real decreto de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea.
Así el ministerio de Industria ha cambiado la estructura de la secretaria de Estado de Comercio, que pasará a ser secretaria de Estado de Comercio Exterior y a cuyo frente estará Alfredo Bonet, y de la secretaria de Estado de Turismo, que será secretaria general y en la que se mantiene Joan Mesquida.
Según anunció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las competencias de Comercio Interior pasan a depender de la nueva secretaria general de Turismo y Comercio Interior.
Estos cambios, destacó de la Vega, suponen suprimir la secretaria general de Comercio Exterior y la secretaria de Estado de Turismo, dentro de las medidas del plan de racionalización del Gobierno.
La reestructuración de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria está orientada a simplificar sus organigramas y eliminar subdirecciones generales. El Departamento de Asuntos Exteriores mantendrá la Secretaría de Estado para la Unión Europea, con Diego López Garrido al frente y suprimirá la de Iberoamérica.
Además, el Ejecutivo ha analizado el proyecto de ley de Registro Civil, que será electrónico y que permitirá que cada español pueda consultar sus datos en cualquier momento y en cualquier lugar del país.
El Gobierno ha aprobado también el real decreto de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea con el objetivo de convocar un concurso en el mes de octubre para que estos nuevos proveedores puedan entrar a desempeñar sus funciones antes de fin de año, tal como anunció el ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso.
Esta actuación, prevista en la nueva ley de Navegación Aérea, permite privatizar los servicios de navegación de los aeropuertos y contempla la posibilidad de que cualquier empresa europea cualificada pueda trabajar en las torres y centros de control de los aeropuertos.
Igualmente, el Gabinete ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de ley de adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
