La organización estima que, si a partir de junio se aprueba que el subsidio por desempleo se amplíe durante seis meses, se podrían acoger a este plan las más de un millón de personas que actualmente no cobran ningún tipo de prestación por desempleo y que el gasto destinado a esta partida se incrementaría en otros 4.581 millones.
Así, señala, en diciembre el total del gasto ascendería a unos 38.091 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado por el Gobierno, que asciende a 19.292 millones.
En opinión de AGETT, "sería más productivo" destinar esos 4.581 millones de euros a bonificar a las empresas -por ejemplo con rebajas de cotizaciones sociales- que contraten a desempleados que no cobran ningún tipo de prestación por desempleo.
Para esta organización empresarial, la protección pasiva debe ir acompañada de la activa porque, afirma, el problema aparece cuando al trabajador se le acaba el periodo de percepción de la prestación y no tiene recursos ni formación para incorporarse al mercado laboral.
AGETT aporta datos de los servicios públicos de empleo correspondientes a marzo, según los cuales, el número de beneficiarios por prestaciones por desempleo es de 2.573.560 personas, frente a los 3.481.859 desempleados registrados en ese mes.
Así, señala, el número de desempleados que no perciben ninguna prestación es de 1.031.842, lo que implica que la tasa de desprotección se sitúa en el 28,6 por ciento.
En cuanto a las comunidades autónomas, doce tienen un ratio de desprotección superior a la media nacional, que es del 28,6 por ciento, en cuya cabeza se sitúa Castilla y León, con el 40,9 por ciento, donde cuatro de cada diez parados no tienen protección por desempleo, según AGETT.
Para la patronal de las empresas de trabajo temporal, es necesaria una mayor inversión en políticas activas para reducir el desempleo ya que, según su informe, en los periodos en los que aumenta el porcentaje del PIB destinado a políticas activas, se registra una reducción de la tasa de paro.
Asimismo, insiste en la colaboración de las agencias privadas para gestionar las políticas de empleo.
