En principio, la norma establecía que a los 420 euros sólo podrían acogerse quienes hubieran consumido sus prestaciones después del 1 de agosto de este año, pero el malestar sindical y de algunos Grupos Parlamentarios por el hecho de que se dejara fuera de esta ayuda a un numeroso volumen de desempleados hizo que el Gobierno se replanteara los plazos.
Finalmente, se acordó con los Grupos Parlamentarios de la oposición retrasar desde el 1 de agosto al 1 de enero la fecha que se tomará en cuenta a efectos del agotamiento de las prestaciones.
Los desempleados que consumieron sus prestaciones y subsidios desde el 1 de agosto pueden desde hace cuatro meses, cuando entró en vigor la primera norma, solicitar la ayuda de 420 euros, pero los que las habían agotado antes de esa fecha estaban esperando la publicación en el BOE de la nueva ley para poder tramitar el cobro de esta ayuda.
Con la norma ya en el BOE, desde mañana todos aquellos desempleados que hayan agotardo su prestación por desempleo desde el 1 de enero de este año podrán empezar a solicitar los 420 euros.
Incluyendo a los nuevos beneficiarios, la estimación del número de potenciales beneficiarios de los 420 euros alcanzaría los 600.000 personas, con un coste máximo de 1.342 millones de euros, según los cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo.
Hasta el pasado 31 de octubre, las oficinas de los servicios públicos de empleo habían recibido 104.525 solicitudes para acceder a esta ayuda, denominada Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, una cantidad bastante baja si se tiene en cuenta que el universo de beneficiarios es seis veces superior.
Sin embargo, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, cree que, una vez que mañana entre en vigor la retroactividad de la ayuda, se produzca "una afluencia extraordinaria y casi masiva" en los servicios públicos de empleo estatal.
Para poder cobrar la ayuda de 420 euros, los desempleados deben cumplir una serie de requisitos: tener menos de 65 años, haber agotado la prestación contributiva y no tener derecho al subsidio o haber consumido todos los subsidios, y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
No obstante, durante su paso por el Parlamento, la norma ha introducido la posibilidad de que aquellos desempleados que vivan con sus padres puedan optar a las ayudas. Así, tendrán derecho a esta prestación las personas que se encuentren en esta situación cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del SMI.
El texto define como unidad familiar a la integrada por el solicitante y el cónyuge, junto a hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad, y menores acogidos. No obstante, si el solicitante no entra en este supuesto, se considerará a los padres como parte de la unidad familiar "siempre que conviva con ellos".
Con el fin de que las resoluciones administrativas sobre la prestación y los pagos correspondientes se efectúen en el menor plazo osible, la norma habilita al Servicio Público de Empleo Estatal a establecer convenios con las comunidades autónomas para desarrollar las actuaciones necesarias derivadas de la ley.
