La fuentes añadieron que la Generalitat cuenta con dos dictámenes, uno de los servicios jurídicos de la propia conselleria y otro de los Servicios Jurídicos Centrales de la Generalitat, que avalan que con el nuevo Estatuto la seguridad industrial es una competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma.
No lo entiende así el Proyecto de Ley de Modificación de Diversas Leyes para Su Adaptación sobre el Libre Acceso a la Actividades de Servicios y su Ejercicio, que aprobó el Gobierno el pasado 12 de junio.
En el caso de las certificaciones industriales, el texto del Gobierno establece la "libertad de establecimiento" y que cualquier empresa que tenga permiso para operar en una Comunidad Autónoma lo pueda hacer en el resto de España. Añade que la norma de cada Comunidad será válida además "sin que puedan imponerse requisitos adicionales para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional".
Sin embargo, la Generalitat limita en el decreto el número de empresas que podrán dedicarse a este tipo de actividad siendo establecida en seis para el control de la Inspección Técnica de Vehículos, ITV, y en otras seis para la certificación industrial.
La Generalitat también establece otro tipo de restricciones como una autorización previa de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, fondos propios de más de 10 millones de euros y "un número mínimo de personal para cada uno de los ámbitos de reglamentos técnicos de seguridad industrial".
En este momento sólo están habilitados dos grupos para la actividad de certificación industrial: el alemán TUV-Reiland, que controla la firma ICIT, y ECA, propiedad de Bureau Veritas.
La certificación industrial precisa de un permiso administrativo y no supone una gran volumen de facturación, todo el sector moverá en Cataluña cerca de 30 millones, pero en cambio da acceso a un gran negocio añadido de servicio a las empresas que resulta muy lucrativo.
El decreto de la Generalitat estima que se harán dos concursos, uno para ITV y otro para certificación para que se llegue a la cifra de seis grupos por segmento de actividad.
Fuentes del sector señalaron que este concurso puede cambiar de manera importante el mapa de la certificación industrial si como se espera, una multinacional como Applus+, propiedad del fondo de capital riesgo Carlyle, que ya es líder en el mercado de ITV, desembarca en el de certificación.
De aprobarse finalmente, el decreto podría ser impugnado por operadores que entendiesen que se está restringiendo su capacidad para competir en el conjunto de España.
