“El canal de Isabel II sí, lo demás no” ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando se le ha preguntado por el posible paso a manos privadas del agua y el Metro, auténticas “Joyas de la Corona”, hoy propiedad de los madrileños. La inquietud, antigua y denunciada por trabajadores y oposición política, se renovaba por una información del influyente Financial Times con el inequívoco título de “Madrid prepara una ola de privatizaciones”. Tras la respuesta de Esperanza Aguirre, algo queda claro: los madrileños nos vamos a quedar sin el agua que era nuestra desde que se empeñara en ello la reina Isabel II. Atrás quedarán más de ciento cincuenta años desde que la soberana hiciera llegar a la calle ancha de San Bernardo aquella primera conducción desde el rio Lozoya.
Por lo visto, y el periódico financiero se extiende en ello, “la culpa” la tiene la deuda de la Comunidad Autónoma agravada por la crisis (¡Hombre! Por fin salió la palabra “crisis”, que cualquiera se atreve a escribir algo en estos días sin usarla, sea para hablar de rotos o rebajarlos a descosidos). Al parecer, se espera obtener de la salida a bolsa, de las otrora famosas aguas, más de tres mil millones de euros.
“Lo demás no” de la Presidenta es Metro, y a él se refiere el Financial Times cuando dice: "También ha comenzado a explorar la privatización de la red de metro, una de las 10 más extensas del mundo, que ha recibido una inversión significativa en los últimos años, y es visto por algunos políticos y los banqueros" que no cita "como un candidato ideal para una privatización" ya sea parcial o bien "una concesión para operar el servicio durante varias décadas". Aquel Sol-Cuatro Caminos, sin paradas, que inauguró en 1919 Alfonso XIII, tiene hoy más de trescientos kilómetros de vías, casi trescientas estaciones y más de mil quinientas unidades móviles.
El funesto precedente de la funeraria
En el año de grandes fasto de 1992, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid fue privatizada por 0,6 euros (100 pesetas) cuando pudo haber sido vendida por 7.430.132 euros (1.236.270.000 pesetas), "lo que supone un daño a los intereses públicos", según sentenció la Audiencia Provincial.
El caso comienza a principios de año cuando el primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete decide iniciar los trámites par privatizar parcialmente la empresa; el concejal de Sanidad, Simón Viñals, que presidía la entidad, pidió a las juntas de distrito el cierre de las casas mortuorias privadas para evitar la competencia. La funeraria tenía una deuda con el Ayuntamiento de 13.671.505 de euros (2.274 millones de pesetas). Viñals contrató como asesor a José Ignacio Rodrigo (posteriormente consejero y accionista de Funespaña) que accedió a información privilegiada durante la venta de la funeraria. Tan sólo unas semanas después de la privatización parcial, la empresa supuestamente estaba en quiebra, Huete propuso la condonación de la deuda que mantenía con el Ayuntamiento (13,6 millones). Dos años más tarde la funeraria arrojaba unos beneficios de seis millones.
Pasan los años, y con ellos aumenta el beneficio de la empresa privatizada, que hasta reparte millonarios dividendos; hace tres Luís María Huete, teniente de alcalde de Álvarez del Manzano, es condenado a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público, al considerar probado el tribunal que "el acusado no dudó en suscribir un contrato en el que figuraba un precio que sabía incierto e inexacto, ni en proponer al pleno municipal la condonación de la deuda que la empresa funeraria tenía contraída con el Ayuntamiento". Viñals, Rodrigo y otros siete imputados más son declarados reos de infracciones varias, pero no reciben condena alguna, ya que las dilaciones habían conseguido que prescribieran. En ese momento José Ignacio Rodrigo era el máximo accionista de facto de la empresa.
En la Funeraria, en el Canal de Isabel II, en el Metro, se realizaron, a través del tiempo, cuantiosas inversiones, pagadas con los impuestos de los madrileños. Solo la red de Metro, envidiado por cierto en medio mundo, ha exigido que las partidas destinadas a servicios sociales fueran casi ridículas. ¿Cuántos de esos dineros regresaran a los bolsillos de los madrileños tras las privatizaciones?
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