Los presidentes de Caja Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria firmaron el contrato de integración con el que crearán el quinto grupo financiero del país, con un volumen de activos superior a 135.000 millones y una ayuda pública de 1.493 millones.
En un comunicado remitido por las entidades firmantes, los representantes de las cuatro cajas recogen su satisfacción por participar en un proyecto que creará el tercer grupo español de cajas, por detrás de la alianza entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño, y de la fusión entre La Caixa y Caixa Girona.
La alianza, que se fraguará con la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP), recibirá una ayuda ya aprobada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.493 millones y permitirá a las cajas compartir su solvencia.
De hecho, con datos a cierre de 2009, el nuevo grupo tiene un ratio de Tier 1 -recursos de mayor calidad- del 9,3 por ciento, que se reduciría hasta el 7,8% a cierre de 2011, según el escenario hipotético más adverso de las pruebas de solvencia publicadas recientemente.
El presidente de la CAM, Modesto Crespo; el de Cajastur, Manuel Menéndez; el de Caja Extremadura, Víctor Bravo; y el de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio, firmaron hoy el contrato del SIP.
Este acuerdo llega un día después de que el consejo de administración de la CAM acordara aprobar su participación en la denominada "fusión fría" junto a las otras tres cajas y después de que la entidad alicantina incorporara algunas "aclaraciones".
El fin de éstas, según explicó la CAM era permitir que el nuevo grupo sea gestionado conforme a prácticas de buen gobierno y con la aspiración de ser un líder en el sector.
Si bien, fuentes próximas a la entidad informaron a Efe de que las aportaciones hacían alusión a las delegaciones de poder del futuro consejero delegado del nuevo grupo, cargo que podría recaer en el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.
Ese aspecto era el principal motivo de reticencias para que la caja alicantina diera el visto bueno final al proyecto, tal y como reconoció a mediados de julio, cuando aceptó el contrato del SIP con la excepción de delegar las facultades en el consejero delegado del grupo.
Según el protocolo aprobado por el Banco de España el pasado 29 de junio, el presidente de Cajastur ocuparía ese cargo por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si no había un acuerdo entre los miembros del consejo de administración.
Además, el consejero delegado tendría las facultades de nombrar a los dos directores generales y determinar las funciones que tienen que desarrollar; un poder que buena parte de los consejeros de la entidad alicantina, que preside Modesto Crespo, rechazaron en la reunión del pasado 15 de julio.
Un día después, el Banco de España instó a la entidad alicantina y a Cajastur a resolver sus diferencias, lo que en el sector se interpretó como una clara advertencia a la CAM.
Desde principios de año, la caja alicantina insistía en que estaba preparada para seguir su camino en solitario, aunque admitía que también estaba abierta a estudiar cualquier fusión con otras cajas siempre que liderara la operación.
Con la alianza suscrita, las cuatro cajas mantienen su personalidad jurídica, su implantación regional, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes.
Si bien ponen en común en el nuevo grupo, al que aportan todos los beneficios y recursos propios, las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.
