La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó con el único voto a favor del PSOE el proyecto de Ley que reforma el mercado de trabajo, al que se han añadido 33 enmiendas que incluyen la posibilidad de despidos por pérdidas previstas o por la disminución persistente de los ingresos.
El proyecto de Ley enmendado sólo recibió el apoyo del PSOE, en tanto que CiU y PNV se abstuvieron, y PP, ERC-ICV-IU y Mixto votaron en contra. Al actuar con competencia legislativa plena, no es necesario que el texto sea ratificado en el pleno, con lo que se envía directamente al Senado.
Todos los portavoces parlamentarios lamentaron la forma en la que se ha desarrollado la tramitación parlamentaria de la norma, en particular por las negociaciones de última hora promovidas por el PSOE y por la falta de tiempo para estudiar las enmiendas resultantes.
Los grupos apoyaron enmiendas puntuales, pero ninguno aparte del socialista votó "sí" al proyecto en su conjunto. El portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico".
A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza". El representante de IU-ICV, Gaspar Llamazares, lamentó que el trámite parlamentario "no haya servido ni para prestigiar la actividad parlamentaria, ni para mejorar un texto que a su juicio "sigue manteniendo la precariedad".
Por parte del PNV, el diputado Emilio Olabarría, admitió que no se sabe si esta reforma será "buena, mala o regular" con respecto a la actual legislación, aunque agradeció "las aproximaciones" del PSOE sobre las causas del despido objetivo.
Socialistas y vascos pactaron a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo, incluyendo la previsión de pérdidas a futuro o la disminución persistente de los ingresos que puedan poner en riesgo la viabilidad de la empresa o su capacidad para mantener el volumen de empleo.
El diputado de CiU Carles Campuzano, consideró que el trámite parlamentario supuso un "acto fallido" y reconoció que "nadie se va a ir satisfecho", ya que "cuestiones fundamentales quedan aparcadas" y "la aspiración de lanzar un mensaje de confianza, difícilmente se va a producir".
Por todo ello, la portavoz del grupo mixto Olaia Fernández, reafirmó su convicción de que el proceso de negociación parlamentaria debería haberse aplazado a septiembre con el fin de abordarlo con calma, tal y como solicitó sin éxito su grupo junto a ERC e IU-ICV.
A pesar de que las críticas habían sido generales, el diputado socialista Jesús Membrado centró su respuesta en el PP, al que recordó que el trámite de urgencia para votar el proyecto de ley fue aprobado por mayoría, incluyendo a los populares.
Tachó la actitud del PP de "pantomima" y afirmó que si no ha habido acuerdo con el principal grupo de la oposición ha sido por los "intereses partidarios" de esta formación.
