El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes una moción, consecuencia de la interpelación urgente formulada el pasado miércoles por ERC, en la que quiere exigir al Gobierno su compromiso por acatar las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre territorializar el 0,7 por ciento del IRPF, destinado a los fines sociales.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el que avanzó el pasado miércoles, en respuesta al diputado republicano Joan Tardà, que el Gobierno va a asumir y a respetar las doctrinas del TC y del TS.
Eso sí, Montoro advirtió de que la sentencia del TC de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma. Por ello, tendió la mano a los republicanos catalanes para encontrar una solución a la hora de territorializar esos fines sociales.
Mientras, a finales de diciembre, el TS falló a favor de que las comunidades puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.
Así las cosas, ERC quiere que el Congreso inste al Gobierno a acatar dichas sentencias, además de trasladar, de común acuerdo con las comunidades, a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7 por ciento del IRPF, para el ejercicio actual, a fin de garantizar a las comunidades con título competencial fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados.
Es más, en el caso de 0,7 por ciento del IRPF, quiere que se procede a la transferencia de los recursos de acuerdo con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas y de acuerdo a su población.
Al mismo tiempo, desea que el Ejecutivo lleve a término estas medidas atendiendo "a los intereses y a las aspiraciones de todas las organizaciones sociales que hasta el día de hoy se han beneficiado de dichos fondos".
