Los proyectos de obra pública que cuenten con participación del capital privado y los que se firmen en régimen de concesión deberán obtener un informe "preceptivo y vinculante" del Ministerio de Economía y Hacienda antes de ser contratados. El departamento que dirige Elena Salgado se reserva así realizar una evaluación de las "repercusiones presupuestarias y los compromisos financieros" que conllevará el contrato, y pronunciarse "sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria". Así se establece en el Real Decreto de medidas de ajuste de gasto aprobado por el Gobierno para reducir el déficit público que este lunes publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según este texto, deberán someterse al referido informe de Economía todos los contratos de obra que se aborden con colaboración del sector privado "cuyo valor estimado exceda de 12 millones de euros".
Para lograr el 'visto bueno' del departamento de Salgado, el organismo contratante de la obra en cuestión deberá aportar información completa acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato.
Deberá especificar también los mecanismos de captación de financiación del contrato y las garantías que prevea aportar durante toda la vigencia del mismo.
La obligación de obtener este informe de Economía se introduce cuando el ministerio de Fomento está a punto de poner en marcha su Plan de Infraestructuras Extraordinario para acometer en colaboración con el capital privado obras de carretera y ferrocarril por unos 17.000 millones en los dos próximos años.
Con este plan, el departamento que dirige José Blanco busca compensar la reducción de 6.400 millones de euros que experimentará su presupuesto de inversión pública en obra en dos años (2010-2011), también como consecuencia del plan de ajuste del Gobierno.
El plan de Fomento será financiado en un 50% por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en otro 30% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el en 20% restante por constructoras y banca privada, y se ha diseñado para que no compute en déficit.
Según lo fijado en el plan, estos organismos y empresas adelantarán la inversión de distintos proyectos de carreteras y ferrocarriles, que recuperarán a partir de 2014. Cuando las obras se vayan poniendo en servicio la Administración pagará un canon anual a las empresas durante un periodo de entre 25 y 30 años.
En la actualidad, Fomento trabaja en la selección de los proyectos de carretera y ferrocarril que se liciatarán en el marco de este plan.
El otro gran ministerio inversor del Gobierno, es el de Medio Ambiente, Rural y Marino, también suele recurrir a capital privado para la construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas.
