La Unión Europea terminó este jueves de negociar el conjunto de reformas que deberá servir para poner en marcha una nueva arquitectura de supervisión, que luche contra los abusos financieros que originaron la crisis y actúe al nivel europeo en caso de que se repita una situación de riesgo para todo el sistema.
Tras salvar los últimos escollos en una reunión celebrada a puerta cerrada en la sede de la Eurocámara en Bruselas, representantes de la presidencia belga, la Comisión Europea y el Parlamento destacaron el carácter histórico del acuerdo, que equipara a Europa con Estados Unidos en la consecución de los compromisos adquiridos tras la crisis.
"No vimos venir la crisis. No teníamos los medios de vigilancia suficientes para detectar los riesgos que se acumulaban. Y cuando la crisis golpeó, no disponíamos de los medios para actuar. Con la nueva arquitectura de supervisión que ahora creamos, estamos armados de cara al futuro", destacó el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier.
"Ésta es la lección más importante de la crisis", añadió Didier Reynders, ministro de Finanzas belga, que ha participado en las discusiones, que no pudieron ser cerradas durante la presidencia de turno española debido a la resistencia de los eurodiputados a aceptar una supervisión descafeinada, como querían algunos países liderados por Reino Unido.
Finalmente, el acuerdo alcanzado "se parece bastante" a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, según Barnier, aunque otras fuentes comunitarias aseguraron que se ha logrado alcanzar debido a que "los dos bandos han sido más flexibles".
Según lo acordado, la supervisión continuará siendo una competencia eminentemente nacional y los gobiernos tendrán la última palabra a la hora de emplear su dinero en salvar a un banco de la quiebra, pero se crea un marco de vigilancia común para situaciones de emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de la legalidad europea.
En este sentido, los eurodiputados han logrado que las tres entidades supervisoras para la banca, los seguros y la bolsa puedan tomar decisiones legalmente vinculantes para las entidades en caso de que la autoridad nacional no este actuando de acuerdo a las leyes comunes.
También quedarán exentas de esa vigilancia nacional las agencias de calificación de riesgo, cuyo papel ha sido muy criticado durante la crisis por su influencia en el súbito encarecimiento de la deuda pública de determinados países de la zona euro, entre ellos Grecia, Portugal y España.
Otro de los puntos que levantaba suspicacias era la dirección de la Junta o Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que será la encargada de vigilar los riesgos que amenacen a todo el sistema (y no a las entidades).
Finalmente, dada la prisa por poner el sistema en funcionamiento, ésta será ocupada por la dirección del Banco Central Europeo durante un periodo de cinco años, después del cual se valorará la conveniencia de pasar a un sistema de elección más democrático.
Otro asunto candente era el poder para declarar una situación de emergencia (que otorgaría automáticamente más poderes a las autoridades europeas) y que finalmente ha recaído en el Consejo (la formación que representa a los gobiernos de los Veintisiete), pese a la resistencia de la cámara.
El eurodiputado socialista español Antolín Sánchez Presedo, autor de uno de los informes sobre las medidas, resaltó la consecución de un acuerdo "ambicioso", aunque recordó que éste aún deberá ser ratificado por los ministros de Finanzas de los Veintisiete y el pleno del Parlamento Europeo, algo que se espera que ocurra este mismo mes.
