La austeridad continúa siendo uno de los principales instrumentos del Gobierno de Rajoy para alcanzar sus objetivos: generar empleo y sanear la economía española. Para ello, y según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el Ejecutivo sigue comprometido con la contención del déficit y con la puesta en marcha de importantes reformas estructurales, entre las que destaca la laboral y la bancaria.
En cuando al objetivo de déficit, la portavoz gubernamental ha vuelto a insistir en la necesidad de una Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria en la que se fijen techos de deuda y gasto, medidas de transparencia y mecanismos sancionadores para todas las comunidades autónomas. Sobre todos estos asuntos informó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a todas las autonomías, el pasado martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un Consejo en el que la transparencia en la gestión fue clave y del que según la vicepresidenta, todos salieron estando de acuerdo.
Según anunció el pasado miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el Gobierno tiene pensado modificar la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. "Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", señaló Montoro, que ha indicado que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen igual delito.
En esta misma línea se ha manifestado este viernes la vicepresidenta, aunque en sus palabras ha intentado afinar más. Tras afirmar que ya existen normas que sancionan determinados comportamientos, ha aclarado que lo que el Gobierno está planteando con la modificación de esta Ley es el endurecimiento de los posibles reporches penales que se les puede aplicar a aquellos gestores públicos que no cumplan con la obligación de déficit impuesta. A la pregunta sobre la posibilidad de que este incumplimiento pueda llevar a la cárcel a determinados gestores, la 'popular' ha aclarado que no sólo la cárcel sería una consecuencia de su mal que hacer, sino que la "inhabilitación" también sería un castigo para todos aquellos que no sepan administrar con "rigor" los recursos públicos.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador. Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal". "Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
El Gobierno reafirma su compromiso del 4,4% de déficit
En la rueda de prensa posterior al Gobierno, Sáenz de Santamaría, también ha reafirmado el compromido del Gobierno de España con el déficit acordado con Bruselas del 4,4% para 2012. En esta ocasión, la vicepresidenta ha obviado las palabras de Cristóbal Montoro y se ha remitido a la versión oficial del Ministerio de Hacienda para aclarar que, efectivamente, las metas comprometidas ante Bruselas de reducir el desfase presupuestario al 4,4% del PIB en 2012 y al 3% en 2013, se van a alcanzar cueste lo que cueste.
"El Gobierno afronta con determinación" el cumplimiento de los objetivos de déficit, ha asegurado la portavoz, en alusión a las declaraciones que hizo este viernes en el Financial Times Deutchland el ministro español de Hacienda, donde ha expresado su "inseguridad" respecto al objetivo de déficit de 2012 por culpa de la crisis y la dificultad de las comunidades para cumplir con su parte. "Tomaremos más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar más y con más reformas", ha asegurado la 'númeo dos' de Rajoy, tras insistir en que el Ejecutivo "tiene la voluntad y la determinación de cumplir con sus compromisos".
En cuanto a las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre nuestra economía, que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, Saén de Santamaría también se ha mostrado contundente: "El Ejecutivo atenderá especialmente las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, de acuerdo con ellas, establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año". La vicepresidenta ha explicado que los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.
Para zanjar el tema, la portavoz del Gobierno ha concluido que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España. "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarias", ha reiterado la vicepresidenta.
