Spanair prevé tener finiquitado el proceso concursal y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a 2.604 trabajadores directos, en los próximos 30 días, por lo que su voluntad es agilizar todos los trámites.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el presidente del comité de empresa en Barcelona de Spanair, Jordi Mauri, después de reunirse con el director de relaciones institucionales de la aerolínea, Jordi Juan, -no han estado presentes en el encuentro el presidente de Spanair, Ferran Soriano, ni ningún representante de la Generalitat-.
"Queremos reunirnos con la Generalitat y con el Ministerio de Fomento y realizaremos protestas y manifestaciones hasta ver la luz al final del túnel", ha asegurado.
Según Mauri, la Generalitat "es el principal actor y algún tipo de responsabilidad debe tener", y ha señalado que cree que el Govern tiene la intención de reunirse con los trabajadores, aunque no en la mesa negociadora, para la que se están designando los miembros y fijando un calendario de reuniones.
Una de las principales preocupaciones de la plantilla es que Spanair deberá recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) con el retraso en el cobro que ello supone: "No hay otro remedio que recurrir al Fogasa porque no hay dinero".
Los trabajadores esperan poder cobrar la nómina de enero, de la que sólo han recibido 1.000 euros, y poder empezar a cobrar la prestación de desempleo lo antes posible.
Recolocaciones
Otra de las preocupaciones es la recolocación de los trabajadores, para lo que aerolíneas como Vueling ya han anunciado sus intenciones de contratar a parte de la plantilla de Spanair.
"Queremos el compromiso de Vueling y saber cantidades concretas", ha pedido Mauri, quien espera que el anuncio de la aerolínea presidida por Josep Piqué no quede en un brindis al sol y las contrataciones acaben siendo mínimas.
El titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha declarado también este miércoles el concurso voluntario de Spanair, presentado por la aerolínea el lunes con el objetivo de liquidar la compañía y con un pasivo de 474 millones de euros, y ha descartado tramitar el concurso necesario que solicitaron diferentes acreedores, según ha informado el TSJC.
