El ministro recibió las críticas de todos los grupos parlamentarios, que consideraron que la prestación ha dejado fuera a un colectivo de parados afectados por la crisis cuando las condiciones económicas no han cambiado.
La diputada del PP Carmen Álvarez pidió al Gobierno que "no excluyan a nadie", ya que "no hay un solo dato que nos diga que en el 2011 estaremos mejor".
"Por unos duros no dejen en la miseria y no condenen a la pobreza a muchísimos ciudadanos", aseveró, tras puntualizar que "mientras no seamos capaces de ofrecer un puesto de trabajo no quitemos algo que ya les habíamos ofrecido".
Desde CiU, el diputado Carles Campuzano también criticó que la nueva prórroga disminuya el número de personas protegidas sin explicar la razón y criticó que el Gobierno prime la necesidad de "continuar ajustando el gasto publico haciendo que los mas débiles paguen el coste de la crisis".
Por esta razón, pidió la tramitación como proyecto de Ley y para que además pueda contemplar una prestación a los autónomos en paro, "que siguen siendo los menos protegidos ante la crisis".
El diputado del PNV Emilio Olabarría dijo que la nueva ayuda "acota los beneficiarios y se centra en los que tienen mayores problemas de empleabilidad".
No obstante, no consideró que el PRODI sea tan negativo como lo criticaron algunos portavoces y aseguró que "lo lamentable" sería que se prorrogase después de febrero de 2011, ya que eso significaría que "no estaríamos triunfando sobre la lucha contra el desempleo".
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares dijo que este jueves es un "día negro" para los trabajadores, pero también para el Gobierno porque rompe con los sindicatos y también con su base social.
Aseguró que el Gobierno hace una propuesta "que convierte el ajuste compasivo en ajuste antisocial" y "traiciona" los acuerdos alcanzados en el Congreso.
Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández consideró que la restricción de los beneficiarios pone de manifiesto la disposición del Gobierno a no volver a prolongar la ayuda y añadió que "es una acción anticonstitucional" porque discrimina a ciudadanos sin recursos de entre 30 a 45 años.
La diputada de UPyD Rosa Díez añadió que el decreto ley del PRODI representa un "engaño" a los destinatarios del mismo y un fraude a la resolución del Parlamento que aprobó su prórroga en los términos en los que se inició el programa.
