Definitivamente, Rodríguez Zapatero ha tirado la toalla en lo que a su política social se refiere. Si los recortes llevados a cabo hasta el momento, han suscitado las mas contundentes protestas sindicales, la que se avecina excitará, aún más, los ánimos.
El Gobierno está elaborando un borrador que presentará a la subcomisión parlamentaria del llamado “Pacto de Toledo” en el cual, además, de la ya conocida prolongación de la edad de jubilación, de los 65 a los 67 años, introduce todo el historial laboral del trabajador a la hora de calcular su pensión de jubilación. Hasta ahora, el periodo de cálculo se había establecido en los últimos 15 años, aunque en la comisión de seguimiento del acuerdo en materia de pensiones, de la que forman parte los agentes sociales se había acordado incrementar de forma paulatina dicho periodo hasta los veinte años.
Según fuentes sindicales consultadas por LA ESTRELLA DIGITAL, una medida semejante supondría, de salir adelante, un recorte del 15% de la cuantía de las actuales pensiones contributivas. No obstante, se está buscando una fórmula para que este cálculo no afecte a las pensiones mínimas, y, sobre todo, a las de viudedad y orfandad.
Otro importante asunto que estudian en el Ministerio de Trabajo es incrementar el tiempo necesario para poder acceder a la pensión. Hasta ahora, el periodo mínimo, que la Tesorería General establece en días cotizados, equivale a 15 años. Si un trabajador ha cotizado ese periodo mínimo tendrá derecho al 50% de la base reguladora. Si son 25 los años cotizados, tendrá derecho al 75% de dicha base reguladora, y el máximo se establece en 35 años, percibiendo, en ese caso, el 100%.
Pues bien, se estudia incrementar ese periodo máximo, aunque se barajan dos posibilidades: incrementarlo a los 37 años cotizados o llegar hasta los 40 años. Ello supondría, según fuentes sindicales “otro recorte descomunal” difícil de cuantificar en estos momentos ya que la cuantía de las pensiones se establece proporcionalmente al tiempo cotizado.
Asimismo se estudia limitar la cuantía máxima de la pensión por jubilación, establecida ahora en algo más de 2.000 euros mensuales brutos.
De llevarse a cabo tal reforma, el sistema público de pensiones sufriría modificaciones de gran calado. De momento, el Gobierno ha optado por negociar esta reforma con los grupos parlamentarios dentro de la subcomisión parlamentaria de seguimiento del llamado Pacto de Toledo, encargada de garantizar el futuro del sistema público de pensiones. El otro frente abierto sobre este asunto, de momento está paralizado tras la ruptura de las negociaciones sobre la reforma laboral.
